PANADERÍAS PÚBLICAS, POR FAVOR

Permítanme un sencillo ejemplo que espero ilustre con claridad las ideas que persigo exponer.

Supongamos que el gobierno de la nación, ante una explosión demográfica, decide establecer panaderías públicas para garantizar el derecho universal a un pan de calidad. Para dotarlas de personal, convoca unas oposiciones. El trabajo es atractivo porque ofrece unas condiciones laborales privilegiadas: turnos cómodos de trabajo, buenas remuneraciones y empleo de por vida. La demanda de este tipo de puestos crece como la espuma y superar las oposición se convierte en una ardua empresa.

Las ciudades comienzan a llenarse de este tipo de panaderías que compiten con las tradicionales. Como están mantenidas con fondos públicos, desequilibran el mercado. Las no públicas, al principio, son necesarias para abastecer al conjunto de la población y se les ofrece la posibilidad de recibir algún tipo de subvención. Los establecimientos cuyos clientes gozan de un elevado poder adquisitivo, prefieren mantenerse al margen; al fin y al cabo ellos surten a un sector selecto de la población que prefiere un pan personalizado. Por el contrario, el resto de panaderías no públicas acogen con alivio la medida pues les da un respiro a su situación económica. Así, el panorama panadero español se divide, desde ese instante, en panaderías públicas, concertadas y privadas.

En un momento dado comienzan a escasear los clientes. El Estado, después de la fuerte inversión realizada, con gran número de trabajadores y obradores a sus espaldas, decide intervenir la libre elección de los usuarios. Ahora se divide la ciudad en sectores y se establece en qué panadería debe comprar cada familia. Se establecen criterios que, eso sí, garanticen la transparencia del proceso y la libertad (ja, ja, ja) de elección. De hecho, se permite consignar en las solicitudes un número elevado de panaderías, por si la primera opción no cuaja. Esto no afecta a los clientes de las privadas que, como no reciben apoyo económico, trabajan en función de la demanda real que reciben: compra en ellas quien puede permitírselo.

Así, año tras año, resulta que la demanda de panaderías concertadas supera el cupo establecido y miles de familias deben conformarse con acudir a las públicas... porque la gente no suele mirar la titularidad de la panadería, sino que se dejan llevar por la calidad del pan que ofrecen. Y eso es lo importante: el pan que se fabrica. Y no expliques que unos panaderos han aprobado oposiciones y otros no, ni obligues a la gente a tragar un pan que no quiere. Y esto, que es sencillo de comprender, que a nadie se le ocurriría llevar a cabo en la práctica con el pan, se ha hecho con nuestros hijos. 

La solución es sencilla: libertad. Ante la duda, libertad. Siempre libertad. Un cheque simbólico a cada familia por el dinero que cuesta la educación de su hijo y que vayan donde quieran. Así se potenciará la calidad de los colegios: los que trabajen bien, crecerán; los que no, a ponerse las pilas. 

En todo esto hay dos problemas: uno ideológico (Público = progresista; Privado y Concertado = Iglesia y conservador), y otro de comprensión del lenguaje. El dinero del Estado, procedente de los impuestos de todos, es llamado dinero público... ¡Y claro, el dinero público para lo público! ¡Si hasta la misma palabra lo dice! ¿A alguien se le escapa a estas alturas la pluralidad ideológica de nuestra nación? ¿Sólo pagan impuestos los defensores de lo público? La respuesta correcta es NO. Y, como dije antes, ante la duda LIBERTAD.

Por último, un comentario. Hay un país europeo que no selecciona a sus profesores y maestros mediante oposición. Cuando estos terminan su formación universitaria, acceden al mundo laboral mediante una entrevista y su C.V... cómo ocurre aquí en la concertada. El país en cuestión, cuyos colegios cabría esperar llenos de docentes enchufados e inútiles, al menos desde la óptica de algunos defensores de la Pública y lo público, es Finlandia.